La política española rara vez se toma vacaciones, y menos aún en agosto, cuando el termómetro y las pasiones suelen rozar máximos.
El regreso fugaz de Carles Puigdemont a Barcelona el 8 de agosto de 2024 no fue solo un episodio más en la larga saga del procés, sino una coreografía cuidadosamente orquestada donde los actores principales parecían más pendientes del guion político que del cumplimiento estricto de la ley.
La noticia de que la Guardia Civil recibió órdenes explícitas de no detener ni identificar al expresidente catalán ha desatado un terremoto institucional cuyos ecos resuenan hasta hoy.
No era ningún secreto que Puigdemont planeaba volver a Barcelona. Lo anunció públicamente el 27 de julio y, desde ese momento, todos los focos políticos y mediáticos se centraron en su figura. Sin embargo, cuando llegó el día clave, lo que debía ser un dispositivo policial milimétrico para atrapar a un prófugo con siete años fuera de España acabó pareciendo más una partida de escondite consentida que un operativo serio.
Según revela el libro La fugida (La huida), escrito por Mayka Navarro y el detective Paco Marco, la Delegación del Gobierno en Cataluña transmitió a los efectivos de la Guardia Civil instrucciones inequívocas: “incluso si lo veíamos, si nos cruzábamos con él antes de llegar a Barcelona, nos limitáramos a informar a nuestros superiores, pero en ningún caso lo podíamos identificar, y ni mucho menos, detener”. Esta directriz convertía a los agentes en meros observadores privilegiados del show político.
El dispositivo oficial diseñado para ese día tampoco mencionaba por escrito la necesidad de detener a Puigdemont. Toda la operación se justificó públicamente como un mecanismo para “garantizar la celebración del pleno de investidura” del socialista Salvador Illa, blindando los accesos al Parlament con controles y presencia policial reforzada. Pero el nombre del líder independentista estaba misteriosamente ausente de los papeles oficiales.
Los Mossos d’Esquadra: entre la presión política y la falta de consenso
El protagonismo operativo recayó sobre los Mossos d’Esquadra, pero dentro del cuerpo autonómico reinaba la confusión y las dudas sobre quién debía ejecutar una eventual detención. Reuniones previas evidenciaron que no todos los mandos estaban dispuestos a asumir tal responsabilidad. Algunos, como Ferran López o Miquel Hueso, se ofrecieron voluntarios; otros preferían mantenerse al margen ante las posibles consecuencias políticas o personales.
El comisario jefe Eduard Sallent interrumpió incluso sus vacaciones para asumir el mando directo ante la falta de consenso interno. Se activó entonces una versión severa de la llamada “Operación Jaula”, bloqueando accesos al Parc de la Ciutadella y provocando importantes retenciones en Barcelona. Sin embargo, todo fue inútil: Puigdemont nunca intentó entrar al Parlament, frustrando así cualquier plan policial previsible.
Interior señala a los Mossos… pero ¿quién tenía realmente el control?
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, no tardó en deslindar responsabilidades ante el juez Llarena. Según el informe remitido al Tribunal Supremo, fueron los Mossos quienes rechazaron su colaboración para detener a Puigdemont y quienes informaron al ministerio de que pondrían en marcha su propio dispositivo “específico y especial”. El relato oficial insiste en que cuando quedó claro que Puigdemont había burlado el cerco policial fue entonces cuando se activaron recursos extraordinarios tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil.
Sin embargo, diversos analistas subrayan que nada impedía al Gobierno central intensificar controles o coordinar un operativo conjunto desde antes del regreso anunciado. La decisión política fue delegar toda la responsabilidad en la policía autonómica catalana, renunciando así a herramientas legales e informativas disponibles para arrestar a un prófugo declarado. Un ejercicio extremo de prudencia política… o quizá algo más.
El trasfondo político: ley de amnistía y equilibrios frágiles
En paralelo, el debate sobre la aplicación práctica de la Ley de Amnistía añadía otra capa de complejidad institucional. El conseller catalán Joan Ignasi Elena calificó abiertamente las órdenes judiciales contra Puigdemont como “contrarias a la ley”, aunque recordaba que debían cumplirse mientras siguieran vigentes. El propio expresident aprovechó su reaparición para lanzar un discurso desafiante antes de volver –como Houdini– a su refugio europeo.
Esta concatenación de maniobras ha dejado una sensación generalizada de descoordinación deliberada entre cuerpos policiales e instituciones políticas. No es casualidad que algunos partidos exijan ahora explicaciones parlamentarias urgentes sobre quién dio realmente las órdenes y por qué se optó por esta estrategia.
Consecuencias inmediatas… e incógnitas para el futuro
- El fallido intento (¿o simulacro?) de detención permitió a Puigdemont regresar a Waterloo sin mayores sobresaltos.
- La investidura de Salvador Illa se celebró finalmente sin incidentes graves, aunque bajo sospecha por parte del bloque independentista.
- La instrucción política dada a la Guardia Civil ha abierto una profunda brecha entre Gobierno central y oposición, alimentando teorías sobre pactos tácitos o acuerdos no escritos para evitar males mayores.
- Los Mossos d’Esquadra han quedado atrapados entre dos fuegos: acusados desde Madrid de ineficacia calculada y desde Cataluña como peones involuntarios del tablero estatal.
Y mientras tanto…
- La posibilidad real –y jurídicamente viable– de que Puigdemont acabe siendo detenido sigue ahí: si sucede, podría enfrentarse incluso a prisión preventiva mientras su defensa acelera recursos ante el Tribunal Constitucional.
- El episodio ha dejado perlas para el anecdotario político: desde los mandos policiales disputándose discretamente quién debía “dar la cara” hasta largas colas en las entradas al centro por culpa del “blindaje anti-Puigdemont” que no sirvió para nada salvo para desesperar al ciudadano medio.
- Como curiosidad histórica: es difícil encontrar otro caso reciente donde una orden tan explícita (“ni identificar ni detener”) haya sido reconocida tan abiertamente en fuentes policiales; ni siquiera durante episodios convulsos como el 1-O o tras la fuga inicial del líder independentista.
Quizá lo único cierto es que este agosto barcelonés será recordado tanto por lo que ocurrió… como por lo que no ocurrió. Y mientras tanto, Sánchez sigue jugando su partida con cartas marcadas… aunque nunca se sepa exactamente quién reparte.
