Las leyes aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda desde 2018 en que llegó al poder tienen un común denominador: destruir la seguridad jurídica del 92% de los propietarios particulares que ofrecen los 3,2 millones de viviendas en alquiler que hay en España, según datos del Banco de España.
En 2019, el Gobierno modificó la Ley de Arrendamientos Urbanos para prolongar los contratos de alquiler.
Con la reforma se pasa de 3 años de contrato a 5, prorrogables a voluntad del inquilino sin el acuerdo del casero por otros 2 años cuando el propietario es un particular y a 7 años y otro prorrogable cuando el casero es una empresa e igualmente con la sola voluntad del inquilino.
Esa fue la primera medida tomada por el actual Gobierno que roba poder de decisión a los propietarios sobre cómo alquilar sus inmuebles.
En 2020, con la excusa de la pandemia, el Ejecutivo socialcomunista aprobó un decreto por el que se prohibía a los propietarios de vivienda recuperar su inmueble en caso de impago del alquiler si los inquilinos eran declarados “vulnerables”.
Este decreto sigue activo en 2025 y con él, el Ejecutivo está haciendo política de vivienda con las casas de los propietarios.
La Ley de Vivienda, una aberración jurídica
La tercera medida en contra de los dueños de los pisos en alquiler ha sido la propia Ley de Vivienda aprobada en mayo de 2023. Si bien la declaración de zona tensionada y los topes de precios son competencia autonómica y no rigen en las regiones gobernadas por el PP, el resto de lo estipulado en esa ley obliga a los propietarios en todo el territorio nacional.
Las disposiciones finales y adicionales de esta norma contienen múltiples obligaciones que son dañiñas para los propietarios de vivienda y que desincentivan absolutamente que quien tenga una vivienda disponible la ofrezca en el mercado del alquiler.
Entre la muchas aberraciones contenidas en esta ley, figura la de considerar a los okupas como sujetos de derecho sobre las viviendas que usurpan, retrasar los procesos de desahucio judicial por okupas o inquilinos morosos o decretar que los lanzamientos judiciales tienen que ser fijados en un día y hora concretos y notificados a okupas e inquiokupas con al menos un mes de antelación. De esta manera, las asociaciones de extrema izquierda pueden organizarse para tratar de impedir los lanzamientos con concentraciones tumultuosas en portales y domicilios de los inmuebles a desalojar que impiden o dificultan a la policía ejecutar las resoluciones judiciales.
Caída de la oferta de alquileres por la intervención política
Con esta batería de leyes en contra de los caseros, no es de extrañar que la oferta de inmuebles en alquiler se haya desplomado un 30% de media nacional y hasta un 75% en ciudades como Barcelona.
Esa caída en picado de la oferta es lo que explica que los precios de los alquileres se hayan disparado. No en vano, los 7 años que lleva Pedro Sánchez en el poder se han traducido en un incremento del precio del alquiler sin precedentes en la historia reciente de España. Así, según datos de Idealista, el precio medio del metro cuadrado de vivienda en alquiler ha subido en 4,1 euros desde 2018 hasta la actualidad.
En comparación, durante los 7 años de mandato de Mariano Rajoy, el precio de los alquileres sólo subió 1,8 euros el metro cuadrado, también según el histórico de precios del alquiler del portal inmobiliario Idealista, líder en su sector.
Los inversores inmobiliarios, atacados por la izquierda
Ante estos resultados nefastos, la izquierda ha puesto en marcha todo un argumentario de consignas falaces y falsas en contra de las personas que ofrecen vivienda en alquiler en el mercado, especialmente los inversores.
Con letanías ideológicas en contra de quienes ofrecen vivienda en el mercado, la extrema izquierda trata de distraer la atención de la opinión pública sobre la causa primera y única del encarecimiento meteórico del alquiler: las políticas en contra de los propietarios puestas en marcha por la izquierda.
Por ello, en Las Cosas del Comer hemos entrevistado a Pascual Ariño, un inversor inmobiliario que actualmente tiene 16 casas alquiladas y que cuando acude a ciertos medios de comunicación de izquierda es menospreciado cuando, en realidad, alguien que ofrece en el mercado un bien que escasea como es la vivienda en alquiler debería recibir reconocimiento por su labor.
De la mano de nuestro invitado hemos analizado lo dañino que resulta para los propios inquilinos legislar en contra de los propietarios de vivienda. Y es que cuanto más dura contra los propietarios sea la ley, más cae la oferta, más suben los precios y menos oportunidades de alquilar tienen aquellas personas que demandan vivienda en alquiler.
Hemos sometido a valoración de Pascual Ariño las muchas consignas falaces de la izquierda sobre la vivienda como que no se pueden comprar casas para invertir sino sólo para vivir, que el alquiler tenga que ser indefinido, los ataques contra los profesionales inmobiliarios que ponen inmuebles en el mercado o los llamamientos a la mal llamada huelga de alquileres que promueven presuntos sindicatos de inquilinos.
En este quinto programa de Las Cosas del Comer, conducido por César Sinde, nuestro invitado desmonta punto por punto al equipo de opinión sincronizada de la izquierda y sus bulos sobre la vivienda.
